Tema 1. Origen y legitimación del poder

Icono IDevice Introducción

Imagen 1. Autor: jonathan229. Licencia Creative commons 2.0

Preguntarse por el origen y los límites de la autoridad pública constituye una constante filosófica que se retrotrae nada menos que a los tiempos de Efialtes y Pericles, líderes del partido demócrata ateniense del siglo V a. C.

Sabido esto, la filosofía política es una rama del conocimiento que estudia las formas en que los seres humanos organizan la convivencia dentro del espacio público: social y comunitario. Ello significa, entonces, que la filosofía política se ocupa del ejercicio y legitimidad del poder, de la justicia y la injusticia, de los tipos de gobierno, etcétera.

Señalemos que el término “poder” procede del vocablo latino “potere” y significa “tener la facultad de hacer algo”. En consecuencia, y por definición, todos los seres humanos disponemos de una capacidad, de una disposición para llevar a cabo una serie de fines. De ahí, el dicho de “poder es querer”.

Sin embargo, hay otro tipo de poder que va más allá de los márgenes de acción de las personas concretas. Nos referimos al poder político. Éste por naturaleza excede, y en mucho, los límites de actuación individuales. Es más, por la potencia enorme que posee a la hora de regular u ordenar cualquier faceta de la vida social, el poder político siempre actúa y se estructura en un nivel superior ubicándose, por tanto, en el marco público de lo supraindividual y comunitario. Con lo cual, allí donde hay una organización de índole colectiva existe poder político, y allí donde hay grupos humanos organizados se erigen unos gobernantes con autoridad para ejercer el poder político.

Imaginemos ahora que unos jóvenes son abandonados en una isla y, sin contacto con el mundo exterior, tienen la oportunidad de crear una sociedad: ¿establecerán relaciones de jerarquía o pondrán en marcha, por el contrario, una sociedad sin líderes? Esta situación fue planteada por el Premio Nobel de literatura William Golding en su novela El Señor de la moscas (1954).

Imagen 2. Autor: Lenish Namath. Licencia Creative Commons 3.0.

Las tareas de este tema:

Una tarea para este tema puede consistir en leer un fragmento de la Política de Aristóteles, en especial, del capítulo I, con el fin de conocer las ideas de este filósofo macedónico sobre el poder, su origen y naturaleza.

Vocación jurídica del poder político

A lo largo de los siglos ha sido habitual ver a quien posee autoridad (o facultad) para organizar áreas de la vida social dictar preceptos que mandan o prohíben algo a los gobernados. Pues bien, se denomina “legalidad” a ese ordenamiento jurídico en virtud del cual las personas están sometidas a las leyes vigentes.

La “legalidad” es, pues, un concepto eminentemente jurídico. Por el contrario, la “legitimidad” constituye un término fundamentalmente filosófico, pues habla de lo permitido según justicia y razón. Por supuesto, antes de la llegada de las democracias parlamentarias era muy frecuente confundir legalidad con legitimidad, ley con justicia. Tan frecuente que en el pasado los gobernantes, o depositarios del poder político, se comportaban utilizando la coacción y la fuerza con el fin de que los gobernados obedeciesen sus normas. Enredo terrible del que se dio perfectamente cuenta el filósofo francés Blaise Pascal (1623-1662) cuando, en una de las máximas de su obra Pensamientos, dejó dicho:

<<No pudiendo hacer que se obedezca a la justicia, se hace que sea justo obedecer a la fuerza; no pudiendo fortificar la justicia, se ha justificado la fuerza a fin de que lo justo y lo fuerte fueran juntos>>.

¿Qué consecuencia se derivaba del hecho de que la legalidad no fuese acorde con la legitimidad? Una en especial, a saber: que la promulgación de leyes no implicaba, por muy legales que dichas leyes fuesen, que éstas estuvieran en consonancia con la justicia o que tuvieran en cuenta los principios del bien común. Pongamos un ejemplo que delata el divorcio entre “legalidad” y “legitimidad”. Refiere Alexis de Tocqueville en su ensayo La democracia en América (1840, vol. II) lo que Madame de Sévigné escribió en una carta, fechada en Rochers el 30 de octubre de 1675:

«¿Quieres que te dé noticias de Rennes? Ahora tenemos un tributo de cien mil escudos y si no se abona en veinticuatro horas, hay que pagar el doble y te lo pueden cobrar los soldados. Han clausurado y desalojado una calle entera de las grandes, y han prohibido que se dé cobijo a sus habitantes bajo pena de cadena perpetua. A resultas de lo cual, contemplamos a esos miserables, mujeres recién paridas, viejos y niños, vagando sollozantes o abandonando esta villa sin saber a dónde ir, sin tener con qué sustentarse ni dónde dormir.

Antes de ayer pusieron en la noria al violín que empezó el baile y el robo del papel timbrado. Lo han descuartizado y sus cuatro cuartos los han puestos en las cuatro esquinas de la villa. Han detenido a sesenta vecinos y empezarán a colgarlos mañana».

 

Montesquieu supo dar una imagen acertada del autoritarismo cuando en su célebre ensayo titulado Del Espíritu de las leyes (1735) relató con ironía la siguiente anécdota: <<estando Carlos XII en Bender, halló cierta resistencia en el senado de Suecia y escribió que les enviaría una de sus botas para que les mandase. Esta bota hubiese mandado como un rey despótico>>. ¿Qué quiere decir Montesquieu?

Pues que el poder político (o poder de dominio), a través de excesos y coacciones (la bota), estaba escandalosamente equiparado con el ejercicio de la fuerza y la obediencia forzosa a la ley. Por este motivo, y como subraya con acierto el filósofo contemporáneo Jürgen Habermas (1929-), el poder político tuvo que ser domesticado por la razón. Y eso solo se logró con la llegada del constitucionalismo que, además de desbaratar la teoría del soberanismo absoluto, defendió la relación entre legalidad y legitimidad, y además subrayó que <<veritas no auctoritas facit legem>>, es decir, que la verdad, que no la autoridad, hace la ley.