La reciente aprobación por las Cortes Aragonesas de la conocida como "Ley de Lenguas" (BOA, 30 de diciembre de 2009) ha dado carta de reconocimiento oficial al aragonés y al catalán, lenguas minoritarias en la comunidad autónoma, cuyo uso se circunscribe en la actualidad a unas áreas geográficas muy concretas.No exenta de polémica, la Ley considera en su preámbulo que estas variedades lingüísticas aragonesas "han de ser especialmente protegidas y fomentadas".

El aragonés, idioma románico procedente del latín, cuenta con entre 10.000 y 12.000 hablantes (a los que podrían añadirse otros tantos hablantes pasivos), casi todos ellos vecinos de los valles y comarcas oscenses más septentrionales. No obstante, el impulso recibido en los últimos años ha extendido el aragonés, aunque de forma muy testimonial, por el resto de la Comunidad. Cuenta con cuatro dialectos: occidental (Ansó, Hecho, Aragüés, etc.), central (Panticosa, Biescas, Bielsa, etc), oriental (Benasque, Gistaín, Graus, etc.) y meridional (comarcas de la Hoya de Huesca, el Somontano de Barbastro y el Cinca Medio). Se consideran hablas de transición las de los territorios limítrofes, con el sur (castellano) y con el este (catalán). En cualquier caso, dista de la relevancia de la que gozó entre los siglos XIII y XV, siendo desde entonces progresivamente desplazado por el castellano, que o bien lo ha sustituido como lengua vehicular, o bien lo ha contaminado lingüísticamente. En la actualidad se enfrenta al problema del envejecimiento de la mayoría de sus hablantes, entre los que se incluyen escasos monolingües. Pendiente de una política decidida de preservación, el Consello d’a Fabla Aragonesa y la Academia de l’Aragonés son las dos instituciones de referencia sobre esta lengua minoritaria.

Las variedades aragonesas del catalán se hablan en la zona limítrofe con Cataluña y el Maestrazgo castellonense, con un número de hablantes que ronda los 70.000. Aunque no siempre haya sido reconocida su condición de pertenencia al catalán -cuyo nombre ha menudo se evita por complejas razones sociolingüisticas-, desde los años 80, y en particular desde la denominada "Declaració de Mequinensa", son numerosos los colectivos que han defendido el reconocimiento y uso escrito y administrativo de este dialecto.