Para hacer frente a esta situación, los gobiernos utilizan las “políticas de vivienda”, que se centran en favorecer la construcción de “viviendas protegidas”, con el fin de favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas puedan adquirir o arrendar viviendas.

La Vivienda de Protección Oficial (VPO, también conocida como Vivienda con Protección Pública o Vivienda Protegida) es un tipo de vivienda parcialmente subvencionada por la administración pública española.

Cuando una vivienda es clasificada como VPO, tanto el constructor/promotor como el comprador reciben ciertos beneficios, a cambio de los cuales quedan sujetos a ciertas condiciones:

• El constructor se compromete a no vender la vivienda por encima de un precio máximo fijado por la administración. Estos precios suelen estar bastante por debajo de los precios de mercado. A cambio, recibe una serie de beneficios, como la financiación de una gran parte del proyecto (hasta el 80%) a un tipo de interés bajo.
• El comprador obtiene una vivienda a un precio notablemente inferior al del mercado (en ocasiones también subvenciones económicas para la compra). A cambio, la vivienda debe ser el domicilio habitual del comprador. Además, si el comprador quiere revender la vivienda, el precio está fijado por la administración, quien además posee derecho preferente de compra.

El gobierno de España establece la política general de Vivienda Protegida para España y luego las comunidades autónomas los llevan a cabo. Para ello, gobierno central y gobierno autonómico firman convenios en los que se fijan objetivos y que parte de financiación corresponde a cada institución.