Suele señalarse que la mejor manera de combatir este sobreprecio del suelo es la planificación, en la medida en que permite:

- Prever la demanda de suelo y ofrecer suficiente suelo
- Garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, pues asigna los mínimos o requisitos que todo proceso urbanístico debe cumplir.
- Limitar los impactos negativos de las ciudades en el medio ambiente y asegurar un medio sano para los habitantes de las mismas.

Para ello pretende:

• Dotar a los ayuntamientos de una “reserva pública de suelo” (conjunto de suelo propiedad de los ayuntamientos, que generalemente es el resultado de las cesiones que los propietarios de suelo tienen que hacer a estos ayuntamientos, cuando el mismo es calificado como suelo urbanizable), que les permitiese utilizarlo para edificar dotaciones de servicios (colegios, centros de salud, zonas verdes, etc.), mejorar las infraestructuras, cederlo para construir viviendas de protección, venderlo para financiarse o, lo más importante, sacarlo al mercado en momentos de gran carestía para regular algo los precios del suelo. Esta reserva se consigue a partir del porcentaje que los propietarios de suelo tienen que darle cuando convierte el suelo en urbanizable.
• Limitar y articular el crecimiento de las grandes ciudades.
• Fijar unas normas mínimas para la edificación.

La planificación urbana forma parte de las políticas de ordenación territorial, que pretenden corregir los desequilibrios y los problemas medioambientales que derivan de la simple aplicación de las normas de mercado.